En esta sociedad del siglo XXI, el poder de los medios de comunicación es casi ilimitado. Todos los tienen en cuenta, todos los respetan, muchos los temen. Si un acontecimiento no se ve reflejado en los medios, no existe socialmente; se han convertido en algo imprescindible socialmente hablando.

Los sociólogos del siglo XX los identificaron con el 4º poder, vislumbrando su importancia en la sociedad del futuro. Hoy, en nombre del principio de libertad de expresión, se justifica casi todo, como si el principio de libertad de expresión o el principio al derecho de información fueran derechos absolutos y sacrosantos de la democracia.

Y es cierto que son unos derechos muy importantes, pero en democracia existen otros derechos que están al mismo nivel: el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la presunción de inocencia… No se puede, amparado en el principio de libertad de expresión, condenar a una persona con juicios paralelos, sacar a la luz pública el contenido de un sumario que debería estar protegido por el secreto sumarial. No se puede sostener que el fin, derecho y deber de informar, justifica los medios.

Ningún medio ilícito o moralmente reprobable se puede justificar por muy noble que sea el fin que se pretende alcanzar. Con demasiada frecuencia aparecen en los medios noticias que deberían estar amparadas por el secreto sumarial, y no sirve que los periodistas se escuden en las filtraciones de parte. Ellos saben que muchas veces esas noticias se consiguen con sobornos, presiones, extorsiones, chantajes… en definitiva, con malas artes ante las que poco o nada puede hacer el filtrador.

En una sociedad de libertad como la nuestra, en una sociedad democrática, lo único absoluto es la ley. Y si a los periodistas no les gusta que la ley ponga límites a su derecho de informar, tendrán que autorregularse con criterios sensatos, porque en democracia hasta los periodistas están bajo la ley.